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La mayoría está involucrada en la venta minorista de droga. Ese delito lo investigará desde diciembre la Justicia de la provincia de Córdoba. Radiografía de un fenómeno que se expande velozmente.
Tiró las cartas ese día y le salió “la Policía”. “Cuidate, cuidate”, le insistía una amiga, pero a ella no le cerraba. Sólo comprendió cuando, volviendo a su casa con la menor de sus seis hijos, fue abordada por agentes de civil que le pidieron a gritos la droga.
En Bouwer se encontró con otras mujeres que repetían su historia: madre sola, muchos hijos, condición socioeconómica postergada y generalmente ama de casa en un barrio periférico de Córdoba. Casi todas presas por vender marihuana o cocaína al menudeo y algunas veces por esconder los estupefacientes.
Digamos que se llama Ana (resguardamos su nombre real). Si Ana hubiese sido apresada en otras provincias, el cuadro hubiera sido parecido; si hubiese sido apresada en otro país de la región, también... Ella podrá pensar que estaba escrito en el destino, pero estudios carcelarios sugieren otras razones, como el rol de la mujer y la forma en que se persigue al delito.
El arresto fue en la segunda mitad de 2011, pero como a sus 40 años tiene seis hijos (todos menores de edad y algunos de menos de 5 años) y nadie que los cuide, antes de dos meses accedió a la prisión domiciliaria y hoy espía por la ventana con recelo antes de abrir la puerta de su casa del este de Córdoba capital para contar su historia.
Si los ravioles de cocaína que tenían los tres compradores identificados en los alrededores de su vivienda hubieran sido detectados dentro de un mes, no hubiese sido imputada por la Justicia Federal sino por la provincial. Porque desde esa fecha regirá la ley 10.067, que el gobernador José Manuel de la Sota pidió para perseguir judicialmente la venta minorista de droga, un delito en el que se destaca la participación de las mujeres. “En la cárcel, había muchas mujeres solas, con chicos. Estábamos todas en lo mismo”, dice Ana.
Entre 2006 y 2010, según una sistematización que realizaron Luz Rista y Eva González, fueron condenadas 226 mujeres por narcotráfico en Córdoba. Esto representa el 41,70 por ciento de las sentencias en el rubro (el 58,30 por ciento fueron hombres).
Cifras complicadas. Esas son las condenas; no se incluyen las imputaciones de las instrucciones en curso. Es difícil precisar cifras, pero ayudan las estadísticas de la Defensoría Oficial, que asiste a sospechosas que no cuentan con la asistencia de un abogado particular y que en general son de bajos recursos. Justamente las que están involucradas en estos delitos.
Por ejemplo: entre 2008 y 2011, la cantidad de presas creció un 161 por ciento, apunta Mercedes Crespi, la defensora oficial. Y los datos del primer semestre de 2011 son idénticos a los de igual período del año anterior, por lo que la tendencia, al menos, se sostiene. “Creció el rol de la mujer en el comercio a pequeña escala y en la guarda de estupefacientes por dinero. En causas grandes, la presencia femenina fue casi nula y así se mantiene”, explica.
El fenómeno es global. En el libro Mujeres en prisión , publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Defensoría y la Procuración Penitenciaria, se sostiene que el hecho de que las mujeres “desempeñen los roles inferiores en las redes de comercialización encuentra su paralelo en las condiciones de pobreza que padecen dentro del régimen social”. Es decir, el lugar que tienen en la sociedad.
La venta al menudeo es el eslabón más débil de la cadena y el más fácil de perseguir. “El incremento de las penalizaciones en torno a la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes significó también un proceso de criminalización diferencial entre los sexos, que impactó con mayor crudeza sobre las mujeres”, se concluye.
Mientras tanto, en su casa, temiendo que uno de sus hijos adolescentes vuelva a caer en la adicción por la que alguna vez lo llevó a la Casa del Joven y hasta a una clínica, Ana asegura que ella no vendía; que lo hacía el padre de uno de sus hijos, que llegaba los viernes y se quedaba el fin de semana, alguna vez portando un arma.
“Hoy me doy cuenta de que estuvo todo mal desde el principio. Yo no debería haber aceptado nunca que el tipo este venga a vender a mi casa”. Sus hijos le reprochan ahora: “Vos quedaste como una transa, mamá”.
El fiscal Carlos Gonella, del Tribunal Oral N° 2, observa con preocupación el incremento de la participación de mujeres, desde una perspectiva de género. “Se ven indirectamente presiones de los hombres para responsabilizarlas, sabiendo además que las mujeres tienen la posibilidad de la prisión domiciliaria”, dice, y cita el caso de la reciente condena a Roberto Manuel Ceballos, quien responsabilizó de todo a su pareja en un juicio por venta de marihuana.
Alguien a quien llamaremos María (unos 40 años, seis hijos, primario incompleto), ama de casa como Ana, pero en otro barrio de Córdoba, cerca de la periferia norte, fue detenida hace unos meses y ahora está con prisión domiciliaria. Ella cuenta que tenía un quiosco con el que complementaba las asignaciones universales y que ya la habían buscado para que vendiera porros de marihuana.
El desconocido. “Hasta que un muchacho desconocido llegó a mi casa y me dijo si quería vender. Le dije que sí. Nunca me dijo de dónde era. Me dijo vendelos y yo después paso”, explica. Cree que vendía 20 cigarrillos por día, a 10 pesos cada uno, con seis de ganancia. Dos meses después fue detenida junto con un vecino, que traficaba a dos casas vecinas de la suya.
¿Por qué tantas mujeres? La defensora Mercedes Crespi opina que esto se debe a que estas, en situaciones de vulnerabilidad y pobreza, con muchos niños (“Últimamente se vieron casos con hijos y nietos a cargo”, grafica), terminan insertas en un delito que se aprovecha de que están en la casa al cuidado de los chicos, lo que no las expone a situaciones de violencia, e “incluso en la mayoría de los casos les llevan todo armado para vender”.
La imputada María, alguna vez empleada doméstica, lo explica desde su perspectiva: “Si uno vende, es por necesidad. De los 35 años para adelante, ya no servimos para trabajar”.
El juez Vicente Muscará, del Tribunal N° 1, cree, en cambio, que “no hay una utilización adrede de la mujer”, sino que es una situación que coincide con familias en las que los hombres salen a trabajar y las mujeres se quedan en casa y complementan los ingresos con venta de droga.
Luego, destaca, que “los mismos narcotraficantes, mediante llamadas anónimas, despiden a los de los quioscos denunciándolos, con mucha precisión”.
La llamada. Es que, en gran medida, todas estas causas se inician por una llamada. No hay grabación: es un policía el que atiende el llamado que declara ante otro policía que acude a la Justicia, y se inicia la causa.
“En general –afirma Muscará–, nunca detectan quién es el que lleva la droga. Muy pocas veces se han hecho estas investigaciones y las pocas que hubo no fueron muy prolijas”.
Hasta ahora, con las causas minoristas y las más complejas en manos de la Justicia Federal, es la Policía provincial la que mayor protagonismo tiene en las investigaciones.
Lo seguirá siendo cuando se “provincialice” la investigación judicial de los quioscos.
Con una diferencia: la Justicia Federal exige dos testigos civiles en los operativos; la provincial los pide “en la medida de lo posible”. Con esa misma expresión, en junio pasado, el ministro de Seguridad Alejo Paredes prometió a este diario: “En la medida de las posibilidades, siempre vamos a tratar de que los testigos sean civiles”.
